Sandra y sus agentes no quieren importunar a los capitostes - Editorial - ABC Color

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, está confirmando, con sus omisiones de las últimas semanas, su compromiso absoluto con el encubrimiento de los ladrones de dinero público y su resolución de incumplir lo que la Constitución y las leyes le mandan: el Ministerio Público alega, en contra de la letra clara de las leyes, que necesita dictámenes previos de otras instituciones antes de poder investigar los indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos derivados de sus declaraciones juradas. Si la Contraloría halla indicios de una omisión dolosa en las declaraciones juradas o de un aumento no razonable de los ingresos del funcionario, tras el cotejo de las mismas debe denunciar el hecho al Ministerio Público para que inicie las pesquisas pertinentes. La difusión de las declaraciones juradas de bienes y rentas realizada por la Contraloría muestra ciertos incrementos patrimoniales tan escandalosos, que ya deberían haber llamado la atención del Ministerio Público. A la SET debe interesarle averiguar si alguien pagó el impuesto a la renta personal de acuerdo a lo que declaró ante la Contraloría, en tanto que quienes representan a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, los agentes del Ministerio Público, deben actuar por propia iniciativa cuando todo parece indicar que el patrimonio del funcionario tuvo un aumento no razonable o no proporcional a sus ingresos legítimos. ...[Leer más]